Por: Yohir Akerman
Tomado de Cambiocolombia.com

Una serie de complicados decretos enseñan los cambios técnicos que realizó el gobierno nacional, para efectivamente asegurarles de manera vitalicia conductores, camionetas blindadas y escoltas a los escuderos de confianza del presidente Iván Duque.

Entre los beneficiarios del esquema de seguridad están el ministro del Interior, Daniel Palacios; el consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín; el ministro de Defensa, Diego Molano; el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Manuel Muñoz; y por supuesto, la jefe de gabinete de la Casa de Nariño, María Paula Correa.

Vamos de atrás para adelante para entender los cambios y sus implicaciones.

Todos los gobiernos, al momento de terminar su mandato, han emitido decretos para regular la situación de seguridad y esquemas de protección. Esta administración no fue la excepción. Por ejemplo, el gobierno con la bandera de la austeridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el 14 de mayo de 2010, tres meses antes de terminar su mandato, emitió el Decreto 1700.

No muy austero resultó Uribe. Porque según ese decreto, desde ese momento en adelante los hijos y familiares de expresidentes y exvicepresidentes también contarían con seguridad del Estado de forma permanente. Fuera de eso, el marco regulatorio les dio a sus cónyuges e hijos, acceso a las instalaciones y servicios hospitalarios, sociales y recreativos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

Ocho años después, el Decreto 1069 de junio de 2018, del exmandatario Juan Manuel Santos, eliminó los esquemas de seguridad para los familiares. Es decir, acabó con los esquemas vitalicios, a excepción de los que los deben tener que son los expresidentes, exvicepresidentes y sus cónyuges.

Ese decreto también finalizó con la disposición que les permitía a los expresidentes y exvicepresidentes, sus cónyuges e hijos, la posibilidad de utilizar los servicios de las instalaciones administrativas de las Fuerzas Armadas.

Pues bien, de los mismos productores del gobierno de austeridad que resultó derrochón, viene la administración de Duque, con la P de Polombia que ahora también es la P de protección (vitalicia).

Fue en la última quincena de junio, un mes y medio antes de salir de la Casa de Nariño, que el presidente firmó esta serie de decretos y mandatos. Varios de esos son de relevancia en este análisis. El primero es el Decreto 1033 del 18 de junio de 2022, en el que se estableció quién hace parte del Consejo de Seguridad Nacional. Esto es importante.

Dentro de ese lineamiento se incluyeron funcionarios que antes no estaban en esa entidad del Consejo de Seguridad Nacional, como el ministro del Interior, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, y la jefatura de gabinete de la Casa de Nariño.

El segundo, firmado ocho días después, es el Decreto 1064 del 24 de junio, en el que se estableció que, dentro de la protección de personas en situación de riesgo extraordinario o extremo, se incluyen, según el numeral once, a los “exservidores públicos que, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, hayan sido miembros del Consejo Nacional de Seguridad a partir de la entrada en vigencia del Decreto 1033 del 18 de junio de 2022”.

Es decir, se les incluyó en el Consejo Nacional de Seguridad a la jefe de gabinete, al director del Dapre, y al mininterior para poderlos cobijar con la regulación que de manera formal les entrega esquemas de seguridad vitalicios a cargo de la Unidad Nacional de Protección, UNP. El decreto también establece que los cuadros de riesgo e inseguridad se deben revisar y analizar cada cuatro años.

Pero eso es simplemente una formalidad, ya que el cambio importante es que a esos funcionarios se les brindaba protección, antes de esos decretos, únicamente por un año adicional después de salir de la administración de poder. Ahora es de manera indefinida y con chequeos cada cuatro años. Bastante creativa la forma de lograr el cometido, hay que concederles eso. Para ellos la seguridad sí fue democrática.

Pero en el análisis también llama la atención otro grupo cobijado dentro de la ampliación que cubre el nuevo decreto y es la protección a los “líderes religiosos, debidamente certificados por la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior”, cuya seguridad también será asumida por la UNP.

Interesante, en especial porque Colombia es un Estado laico, según la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, por lo que el gobierno está en la obligación de ser neutral en materia religiosa y debe mantener la separación entre la Iglesia y el Estado. Pero cómo dejar a los líderes cristianos y católicos, que tantos votos ponen, por fuera de estos acuerdos y la seguridad democrática.

A esas camionetas y seguridad vitalicia también se suma la jugadita para conseguir pasaportes diplomáticos de manera permanente. El presidente preguntaría: ¿De qué me hablas, viejo?

Antes de que comenzara el actual mandato de Duque, eran 16 representantes los que gozaban del privilegio de tener un pasaporte diplomático una vez dejados sus cargos. Ahora que se termina el gobierno del presidente que tenía como política internacional ofrecer saludes de Uribe y mandar a decir que “los quiere mucho”, son 37 personas las que logran tener esa prerrogativa diplomática.

Y eso no es menor. Un pasaporte diplomático trae consigo ventajas importantes y por eso, estaba reservado para funcionarios del más alto calibre, dadas las implicaciones y responsabilidades de sus cargos. Pero plata es plata y más cuando se está viajando.

El instrumento de viaje diplomático implica por sí solo un trato preferente en aeropuertos, que se convierte en deferencias de seguridad, facilidades para no hacer filas y privilegio de no tener que someterse a algunos controles. Todo esto teniendo en cuenta que se trata de las más altas dignidades del Estado y el presidente Duque diría que lo aumentó en 21 funcionarios, porque “así lo querí”.

Y así lo logró. De esa manera, a pocos meses de que se concluya el gobierno que pasará a la historia únicamente por sus memes, varios representantes del gobierno Duque lograron hacerse a los codiciados pasaportes diplomáticos vitalicios.

Dentro de esos privilegiados encontramos, ¡oh sorpresa!, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral y, de nuevo, a los funcionarios consentidos del gobierno, entre los que están Víctor Muñoz y, por supuesto, la jefa de gabinete, María Paula Correa.

Esa es la radiografía de un gobierno que no logró conectarse con la gente, no pudo demostrar sus aciertos, no alcanzó beneficios para la sociedad, pero sí para sus representantes. Por eso nunca pudo mirar más allá de su propio ombligo. Qué bueno que ellos se vayan felices del gobierno con sus camionetas y pasaportes. El resto solo estamos felices de que se vayan.

https://cambiocolombia.com/opinion/puntos-de-vista/esquemas-y-pasaportes

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